Apps y plataformas para el sector público que pasan seguridad, accesibilidad y pliego.

Sí. Nos presentamos como licitador, en UTE o como subcontratista según lo que permita el pliego. Antes de comprometernos revisamos la solvencia técnica y económica que exige el expediente y los criterios de adjudicación, porque no todos los pliegos admiten el mismo perfil de empresa. Si el pliego pide una clasificación o una certificación que no tenemos, lo decimos en la primera llamada en lugar de descubrirlo en la mesa de contratación.

No, y no lo vendemos como si lo estuviéramos. Lo que hacemos es construir la solución conforme a las medidas del Esquema Nacional de Seguridad que apliquen a la categoría del sistema (RD 311/2022) y entregar la documentación técnica que el responsable de seguridad del organismo necesita para su propio proceso de certificación: arquitectura, control de accesos, trazabilidad, cifrado, gestión de logs y evidencias. La certificación la obtiene el sistema del organismo, no el proveedor de desarrollo.

Trabajamos contra la norma UNE-EN 301549, que es la que traspone WCAG 2.1 nivel AA al marco español. En la práctica: semántica de accesibilidad completa en Flutter y en web, navegación por teclado, soporte de lectores de pantalla (VoiceOver, TalkBack, NVDA), contraste verificado y tests automatizados en el pipeline. Al entregar preparamos el material para la declaración de accesibilidad, que es obligatoria y que el organismo publica bajo su responsabilidad.

Sí. Hemos trabajado con identidad digital y firma en entornos regulados, incluyendo la firma en dispositivo móvil y la conservación de la evidencia. Para administración se integra con Cl@ve, certificado digital de la FNMT y los marcos eIDAS según lo que exija el trámite. La decisión importante es cuál de los tres necesita realmente el trámite: exigir certificado donde bastaría Cl@ve es la vía más rápida a que nadie complete el proceso desde el móvil.

Del organismo. Entregamos repositorio, documentación de arquitectura, credenciales e instrucciones de despliegue, y el traspaso a otro equipo forma parte del alcance, no es un extra que se negocia al final. En proyectos públicos esto no es una cortesía: es lo que evita que la administración quede cautiva de un proveedor, que es el problema más caro y más habitual del sector.

Los rangos son los mismos que publicamos para el resto de proyectos: un Discovery Sprint parte de 4.500 €, un producto móvil a medida de 30.000 €, y un proyecto completo con varios perfiles y evolución continua se mueve entre 150.000 € y 300.000 €. Lo que cambia en el sector público no es el precio del desarrollo, sino el trabajo de documentación, seguridad y accesibilidad que hay que presupuestar desde el principio en lugar de descubrirlo en la auditoría previa a la puesta en producción.

Sí, con las condiciones que eso impone. Alojamiento en la Unión Europea, minimización de los datos que salen del sistema de origen, cifrado en reposo y en tránsito, y trazabilidad de accesos. Cuando hay un componente de IA, los datos del cliente no se usan para entrenar modelos de terceros. El tratamiento se define en el contrato de encargado de tratamiento antes de que exista una sola línea de código.